La Corte Penal Internacional (CPI) emitió hoy, 21 de noviembre, órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa Yoav Gallant y funcionarios de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las acusaciones están relacionadas con la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023, que dieron inicio a la ofensiva de Israel en el territorio palestino.
Estas órdenes convierten a Netanyahu y los otros implicados en sospechosos buscados internacionalmente, lo que podría aislarlos aún más y complicar los esfuerzos de negociación para un alto el fuego en el conflicto que ya lleva 13 meses. Sin embargo, las implicaciones prácticas de esta decisión podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la CPI. Además, varios funcionarios de Hamás han sido asesinados durante el conflicto, lo que dificulta aún más el cumplimiento de las órdenes.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, justificó la decisión señalando que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant privaron intencionalmente a la población civil de Gaza de elementos esenciales como alimentos, agua, medicamentos, y suministros médicos, además de combustible y electricidad. La Corte emitió la orden unánimemente, basándose en estas acusaciones.
Por su parte, Netanyahu y otros líderes israelíes han calificado la solicitud de arresto como vergonzosa y antisemita, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamás. Hamás, por su parte, también condenó la petición. Israel, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha desafiado la jurisdicción de la CPI, argumentando que la corte no permitió que Israel investigara las acusaciones por su cuenta antes de solicitar las órdenes de arresto.
A pesar de la gravedad de las órdenes, es poco probable que los acusados enfrenten pronto un juicio en La Haya. Esto se debe a que la CPI no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes, y depende de la cooperación de sus estados miembros para ejecutar arrestos. Israel, que no es parte de la corte, ha sostenido que continuará protegiendo a sus ciudadanos y defendiendo su derecho a la seguridad.
Con información de El Informador
bvp