La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo, que socava a la democracia y al Estado de Derecho, por ello desde la administración de Mauricio Vila Dosal estamos comprometidos con su combate, impulsado un gobierno abierto, transparente, que sabe rendir cuentas, afirmó la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Dolores Fritz Sierra durante la Conmemoración del 20 Aniversario de la Convención de Mérida, “El estado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
En representación del Gobernador Mauricio Vila, Fritz Sierra reiteró que este Gobierno sabe que la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo, por ello, continúa modernizando su sistema legal y de justicia, consciente de que ningún estado puede proclamarse como verdaderamente democrático, si no se conduce con base en sus principios.
“Un estado que da testimonio y fe de importantes logros en materia de seguridad y justicia, formal, registral y extragubernamentalmente reconocidos. Un estado posicionado como el más seguro del país; el de la tasa más baja de incidencia delictiva; el segundo estado donde la población se siente más segura, y donde se califica mejor el desempeño y la confianza en la policía estatal y en la Fiscalía General del Estado”, recordó desde el Centro Internacional de Congresos (CIC).
Ante la cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter y el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jorge Alberto Alatorre Flores, la titular de la SGG precisó que Yucatán es una de las entidades con mayor adhesión al Estado de Derecho, y una de las cinco mejores en materia de rendición de cuentas.
“Logros que han sido posibles gracias al trabajo coordinado, y en equipo, con todos los actores públicos y privados de la sociedad. Y no cejamos en el empeño de fortalecer nuestras instituciones y procesos. Y en nuestro compromiso por construir un Yucatán donde el Estado de Derecho, la justicia transparente, la rendición de cuentas, y la lucha contra la corrupción, sean la norma”, manifestó.
En su turno, Peter Grohmann, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, subrayó que la corrupción desvía los recursos de su propósito legítimo, debilita el estado de derecho, erosiona la confianza en el gobierno, afecta la calidad de vida en las personas y crea un entorno propicio para la violencia, además, cuesta al menos 2.6 billones de dólares o el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el mundo, por eso damos un paso importante, cuanto fomentamos la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en todo los procesos públicos, inclusive los legislativos y judiciales.
La cónsul de EUA en Mérida celebró los esfuerzos que México, EUA y los estados miembros de las Naciones Unidas han impulsado desde hace 20 años para hacer frente a la corrupción. “Por ello, dada la estrecha relación entre México y Estados Unidos, nuestro Gobierno celebra el compromiso de México para la implementación de esta convención, el presidente Biden ha declarado el combate contra la corrupción como una prioridad de seguridad nacional”, enfatizó.
Acompañado del alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro y Joel Hernández García, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alatorre Flores puntualizó que esta conmemoración lleva a todos los países involucrados a reafirmar el compromiso de hace 20 años para mitigar la corrupción, lo cual solo es posible, a través de un marco institucional vigoroso que permita la plena participación de la sociedad en este problema, para eso sirve el SNR y es un ejemplo de cómo el país da cumplimiento a su palabra empeñada ante la comunidad internacional por medio de esta convención.
La conmemoración del Vigésimo Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también denominada “Convención de Mérida”, es un instrumento internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en octubre de 2003; abierto a firma en la Conferencia celebrada en esta ciudad capital de Yucatán, en diciembre de 2003; y en vigor desde el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones requeridas.