La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien asumirá próximamente la Secretaría de las Mujeres, se reunió con el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, para discutir la acusación de homicidio contra una niña de 14 años, quien aparentemente sufrió un aborto espontáneo. La institución solicita una pena de tres años de prisión y una sanción económica superior a 500 mil pesos.
A través de su cuenta en X, Hernández informó que acordaron “construir una ruta ágil de solución” para salvaguardar los derechos y la integridad de la menor. También se encuentra en comunicación con el gobernador del estado, Mauricio Kuri, quien ha expresado su apoyo para el caso.
Citlalli Hernández mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha instruido a dar seguimiento al caso, asegurando que habrá justicia y reafirmando a las mujeres mexicanas que no están solas.
Recientemente, la colectiva Adax Digitales denunció que la Fiscalía de Querétaro acusó a la menor de homicidio calificado tras un aborto involuntario. La niña quedó embarazada tras ser violada presuntamente por un familiar tres años mayor que ella, lo que podría resultar en una pena de tres años en un Centro de Reinserción Social para Adolescentes.
Mayra Dávila, presidenta de Adax Digitales, indicó que durante una audiencia intermedia, la Fiscalía solicitó 518 mil pesos como reparación del daño, destinados al presunto agresor, quien fue reconocido como el padre mediante una prueba, a pesar de negar los hechos.
El fiscal estatal aseguró que no hay pruebas suficientes para sostener una acusación de violación contra el joven, señalando que la acusación se realizó después de la investigación iniciada a la menor. Adax Digitales, que defiende a la joven, confirmó que el juicio continuará y que las pruebas presentadas por la Fiscalía, consideradas “revictimizantes” por la defensa, no fueron desestimadas.
La menor, originaria de Huimilpan, actualmente enfrenta arresto domiciliario, medida dictada por una jueza. Dávila anunció que en los próximos días se dará a conocer la fecha del juicio.
La Fiscalía argumenta que hubo asfixia mecánica del feto, aunque la menor no sabía que estaba embarazada, ya que tenía menos de cuatro meses de gestación. Al notar sangrado, pidió ayuda a sus familiares, quienes llamaron a los paramédicos.
Además, Dávila informó sobre presiones a la familia para que la menor se declare culpable en un procedimiento abreviado. “Es intolerable que una menor denuncie una violación, cite a su agresor, y este niegue los hechos. Una prueba de paternidad resulta positiva, pero la fiscalía cierra la investigación. Alguien miente en la carpeta”, denunció Adax Digitales en redes sociales.
Por último, señalaron que una perito en psicología determinó que la menor no reveló los hechos de violación debido a la falta de educación sexual adecuada y a la falta de confianza en la asesoría recibida. A pesar de esto, no se continuó con la investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Con información de Aristegui
bvp